La reciente sentencia del TC pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en la Comunidad Valenciana, donde se aprobó un Real Decreto Ley orientado a proteger la universalidad del sistema sanitario y que ha sido recurrido por el Gobierno central. Esta sentencia anula la normativa valenciana que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley 16/2012, principalmente personas inmigrantes en situación irregular. 


 

De este modo, la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impide que la Comunidad Valenciana adopte normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias autonómicas.

 

Asimismo, el CERMI CV lamenta que el TC haya abandonado la doctrina que había asumido en su auto 239/2012 sobre esta misma causa, en el que afirma que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”. 

 

El CERMI CV destaca que la sentencia dista de ser unánime, como demuestran los cinco votos disidentes / particulares de un total de 12 jueces, y presenta interpretaciones controvertidas. Así, tal y como señalan la magistrada y los magistrados disidentes, el Tribunal Constitucional se aparta de su propia jurisprudencia, elaborando una nueva interpretación de lo que es un estándar mínimo aplicable al ámbito estatal en un techo máximo para las Comunidades Autónomas, restringiendo indebidamente, las competencias autonómicas para ampliar el nivel de protección sanitaria en su ámbito territorial. 

 

Asimismo, en lo votos particulares, se muestra su preocupación por que “la vía informal” de mejora de la legislación básica en materia de sanidad constituya el único recurso del que pueden disponer las CCAA para procurar combatir la exclusión social derivada de una política restrictiva. Y ello, en opinión del CERMI CV, con la consiguiente merma en la seguridad jurídica de los derechos de un colectivo que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad social y económica. 

 

EL CERMI CV recuerda que varios mecanismos de derechos humanos han establecido que el RDL 16/2012 que generó la exclusión sanitaria es contrario a las obligaciones de España bajo los tratados que regulan estos derechos, por tratarse de una medida regresiva injustificada y discriminatoria. Así lo consideraron organismos como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comité Europeo de Derechos Sociales y seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas y del Consejo de Europa quienes recomendaron al Estado español su inmediata reforma. Cinco años después, el Gobierno central sigue haciendo caso omiso a estas recomendaciones. Más aún, a través de esta sentencia, el TC impide a la Comunidad Valenciana corregir el carácter discriminatorio de la norma estatal. 

 

Si el TC mantiene esta argumentación en cada uno de los recursos de constitucionalidad pendientes de ser dirimidos por este Tribunal, las consecuencias pueden ser catastróficas para la vida y la salud de las poblaciones excluidas del sistema sanitario. 

 

Tal como sostiene uno de los jueces en su voto disidente, las comunidades autónomas, a través de normativa autonómica o de prácticas administrativas han ido configurando, de modo progresivo, un sistema de prestación asistencial que ha venido a extender el ámbito subjetivo de cobertura a sectores excluidos y vulnerables. En estos cinco años, 14 comunidades han ampliado la cobertura asistencial a personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, mientras que otras han dado órdenes internas de atender a todas las personas que acudan a los servicios de salud públicos, independientemente de su situación administrativa.

 

Estas medidas, si bien resultan insuficientes para poner fin a la injusticia de la exclusión sanitaria, han permitido paliar algunos de los efectos más dramáticos de la misma, permitiendo a muchas personas recibir una atención que les resulta imprescindible. 

 

Pese a este “cordón sanitario” autonómico, la asistencia sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012 dista de ser la adecuada.

 

En Comunidad Valenciana hay 23.500 personas que pueden tener cobertura sanitaria gracias al Decreto Ley 3/2015 de la Generalitat Valenciana; se trata en su gran mayoría, de inmigrantes en situación irregular, incluidas mujeres embarazadas, menores de edad y casos de denegación de atención o facturación indebida de urgencias.

 

La sentencia del TC declarando inconstitucional y nulo el DL 3/2015 de la Generalitat Valenciana; sella la tendencia regresiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la salud en España, profundiza la exclusión sanitaria contra los grupos más vulnerables de la sociedad y pone en riesgo la vida de estas personas. 

 

Frente a este escenario, el CERMI CV, como muchas otras organizaciones sociales redoblarán sus esfuerzos ante las instancias internacionales pertinentes para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, y de esta sentencia en particular. En este sentido, hay que recordar que la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España. Tras esta sentencia del TC la puesta en marcha de estas medidas es más urgente que nunca. 

 

Y el CERMI CV insta a la derogación del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, ya que es el mayor ataque al Estado Social, de derecho y al sistema sanitario público.

 

 

CERMI CV es la máxima plataforma de representación, defensa y acción social de las diferentes discapacidades, en total en la Comunidad Valenciana representa a más del 95% de las más de 400.000 personas con discapacidad.